En lo único que hay que escandalizarse en relación al asunto de los floteros del taxi es la prolongación en el tiempo que ha tenido el delito, consensuado, pactado, permitido y autorizado, por parte de los funcionarios y concejales de los diferentes gobiernos que ha tenido el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a cargo del funcionamiento de dicho sector, y delito en el que los alcaldes que ha tenido esta corporación en los últimos treinta años, tirando por lo bajo, han debido y deben tener conocimiento de este caso de corrupción.
Que se hayan defraudado a Hacienda más de diez millones de euros, que una sola persona haya sido capaz de reunir más de ciento veinte licencias de taxis, licencia que permite la explotación del mismo, que haya habido gente trabajando engañando, a su vez, o siendo engañados, que a la Seguridad Social le hayan llevado falsos contratos laborales, es la consecuencia de unos señores que decidieron actuar al margen de la ley. Y eso es dentro de lo malo, lo menos malo. Lo que hay que averiguar a partir de esas intervenciones policiales que funcionarios y cargos políticos estuvieron metidos en el meollo, a que nivel y la cantidad de dinero que se llevaron, que se les juzgue y que cumplan condena carcelaria si lo merecen. Eso es lo peor, aún cuando vivimos en una sociedad en que la corrupción política es plato común en todos los menús, aunque venga de viejo.
Y no se hagan los tontos: todos sabíamos y sabemos del problema de este servicio público y quien era y es el único culpable: el funcionario y el político que se deja corromper.
Saludos y hasta otro comentario.
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